• 14-6-2017 | Wolters Kluwer
  • El juzgado ha considerado que el hallarse ante un contrato ya cancelado y agotado no impide la interposición de reclamaciones si se está ante el ejercicio de acciones interpuestas en plazo. Anula las cláusulas que le imponían el pago de todos los gastos, por abusivas, aplicando la doctrina contenida en la STS de 23 de diciembre de 2015.

 

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La protección del deudor hipotecario frente a las cláusulas abusivas

Isabel Desviat.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Benidorm en sentencia dictada el pasado 5 de junio ha dado la razón a los demandantes consumidores y ha declarado la nulidad de la cláusula, por abusiva, que le imponía el pago de los gastos de estudio y otorgamiento de escritura, honorarios de registro, tributos, además de todos los que pudieran tener origen en la tramitación de procedimientos judiciales o extrajudiciales con inclusión de los intereses pactados, y en general todos los que pudieran derivarse de la suscripción del contrato.

En concreto se solicitaba la devolución de 5.082, 73 euros que se pagaron por minuta de Notario y Registrador, honorarios de gestoría e impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídico documentados.

El préstamo se firmó en el año 2006 con la entidad KUTXABANK, que en el momento de interponerse la demanda, se había cancelado de forma anticipada (en 2009).

A la hora de justificar la nulidad de las cláusulas conflictivas, el juzgador tiene en cuenta en todo momento lo indicado por la STS de 23 de diciembre de 2015, en la que se declaró nula, por ocasionar al cliente un desequilibrio relevante, la cláusula de gastos del préstamo hipotecario en cuanto hace recaer sobre él los gastos derivados de la intervención notarial y registral, así como los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados del incumplimiento de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista. También se consideró abusiva la imposición al prestatario de los tributos que gravan el préstamo, cuando la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil.

GASTOS PREPARATORIOS

La cláusula en cuestión imponía el pago al prestatario de los gastos de estudio y en general de cuantos se derivasen del contrato o fueran mencionados en él, reservándose el banco la facultad de suplir otros gastos si así conviniera a sus intereses.

Para el juzgado queda claro que dicha previsión atenta contra los derechos del consumidor, pues supone cargar con gastos que por su naturaleza corresponden al empresario. Por otra parte, la fórmula abierta que utiliza adolece de una falta de concreción de tal manera que el consumidor se ve indefenso ante cualquier cargo que le pudiera girar la entidad financiera.

El juzgado considera que dicha estipulación vulnera el contenido del artículo 89 LGDCT por lo que accede a la solicitud de su nulidad.

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ARANCELES NOTARIALES Y REGISTRALES

Respecto a la obligación que se impone al prestatario de pagar los aranceles del notario y registrador ocasionados por la suscripción del contrato de préstamo, el juzgado acude a lo indicado por la conocida STS de 23 de diciembre de 2015, para indicar que es indudable su nulidad.

Sigue así la doctrina jurisprudencial, pues la cláusula es semejante a la analizada por el Supremo, que consideró que no solamente no permitía una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos por intervención notarial y registral, sino que se hacía recaer totalmente en el hipotecante.

IMPUESTOS

La cláusula impugnada establecía que fueran de cargo de los prestatarios todos los impuestos, arbitrios y exacciones que procedieran por razón de “la constitución, modificación, distribución o cancelación de la hipoteca”.

La entidad demandada sostuvo que dado que el sujeto pasivo del impuesto por AJD era el prestatario, era él quien debía correr con dichos gastos. Sin embargo, el juzgado parte también de la STS mencionada de 23 de diciembre de 2015para llegar a la conclusión contraria.

Efectivamente, según señala, la entidad prestataria no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, al menos en lo que respecta al IAJD, entendiendo que será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y en todo caso a la expedición de copias, actas y testimonios. Por ello entiende que la cláusula contraviene el artículo 89.3 c) TRLGCT y por ello es nula.

GASTOS EXTRAJUDICIALES Y COSTAS JUDICIALES

La cláusula cuestionada menciona también que serían a cargo del prestatario cuantos gastos se originasen por la tramitación de los procedimientos judiciales o extrajudiciales, con inclusión de los intereses pactados., además de los gastos, costas y perjuicios originados por incumplimiento del contrato, letrado y procurador.

Al igual que sostuvo en su día la STS de 23 de diciembre de 2015, el juzgado considera que la atribución al prestatario en todo caso de las costas procesales, no solamente infringe las normas procesales de orden público, sino que además introduce un desequilibrio evidente entre la posición de las partes; hace así recaer todas las consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta ni la procedencia legal de la reclamación ni de la oposición a la misma.

Respecto de los honorarios de abogado y aranceles de procurador, indica que la estipulación contraviene lo establecido en el artículo 32.5 LEC, tal y como ya dijo la tan mencionada sentencia del TS. La nulidad de dicha previsión es evidente pues además de genérica e inconcreta (termina con un etcétera) adolece de falta de reciprocidad.

EL QUE EL PRÉSTAMO ESTUVIERA CANCELADO NO ES OBSTÁCULO PARA DECLARAR LA NULIDAD

La entidad financiera alegó en su defensa que dado que el préstamo analizado, cuya duración en principio era de 3 años, fue cancelado de forma anticipada en el 2009, y por tanto no era posible cuestionarse ahora la validez de unos pactos contenidos en una relación negocial ya extinguida, ni exigir la restitución de las cantidades abonadas.

No es óbice el hecho de que el préstamo se hubiera cancelado anticipadamente, porque el hallarse ante un contrato ya cancelado y agotado no impide la interposición de reclamaciones siempre y cuando se esté ante el ejercicio de acciones interpuestas en plazo.

Este argumento, según indica, es válido para todo el mundo del derecho, como por ejemplo cuando se reclama por saneamiento en una compraventa en la que se ha entregado la cosa y se ha satisfecho el precio; o también para cualquier reclamación por responsabilidad contractual.

Por otra parte, y en lo que se refiere al tema de prescripción de la acción, los prestatarios en su demanda se anticiparon a los posibles problemas que pudieran suscitarse alegando el carácter imprescriptible de la acción, o en su defecto de la sujeción al plazo de 5 años del artículo 1964 cc.

El juzgado señala que en la contestación a la demanda no se esgrimió prescripción en ningún momento, sino que se opone al haberse cancelado el contrato, por lo que no aborda dicho tema.